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Toledo, 9 de noviembre de 2009
(Agencias).-
La
agricultura española atraviesa una crisis sin
precedentes con una importante reducción de ingresos
y elevación de sus costes de producción, afectando
a todas los sectores. Estamos ante una crisis
estructural debida, en gran parte, a la regulación
actual, tanto regional, como nacional y europea, que
no permite que las explotaciones sean rentables. Con
las actuales normas es imposible que un agricultor
sea un buen profesional y a la vez consiga que su
explotación sea rentable.
Por si
esto fuera poco, la Comisión Europea -quien en
teoría debería velar por el normal desarrollo de la
agricultura-, ya nos ha anunciado que a partir de
2013 pretende desmantelar la Política Agrícola Común
(PAC), planteando pagos cofinanciados por los
Estados, con más recortes y cambio en las ayudas.
De salir
adelante este planteamiento, la agricultura dejaría
de ser considerada como un sector estratégico,
poniendo en juego la seguridad y la estabilidad
alimentaria de 500 millones de consumidores, la
competitividad de la agricultura europea y una
producción sostenible que proteja el suelo y el
medio ambiente y que respete el bienestar de los
animales.
Supondría, por tanto, la desaparición de un
importante instrumento de cohesión europea que da
empleo a más de 40 millones de personas y, en las
circunstancias actuales, debe estar a la altura del
desafío que supone el cambio climático.
Ante
todo esto, el sector agrario no puede permanecer
impasible, razón por la que las tres organizaciones
profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA,
anteponiendo el interés general agrario hemos
convocado un paro del sector el próximo día 20 que
culminará con una gran manifestación el día 21 de
noviembre en Madrid, para exigir normas y precios
justos, así como, una nueva regulación para la
agricultura y la alimentación. Apoyar esta
movilización es apoyar la defensa en mayúsculas de
una agricultura profesionalizada y rentable, al
margen de intereses partidistas y, por supuesto,
rédito político.
Otras
naciones, como por ejemplo Francia, encabezada por
su Presidente, ya ha anunciado su plan para que la
agricultura siga siendo un sector estratégico y los
agricultores profesionales puedan vivir de su
trabajo. EEUU con su Farm Bill también tiene
garantizado el futuro de su agricultura. ¿Y España?
De nuestro gobierno, desafortunadamente, no podemos
decir lo mismo, aunque éste ya haya anunciado su
oposición a las pretensiones futuras de la Comisión
Europea. Eso sólo no basta, es necesario una apuesta
decidida y comprometida por el mantenimiento de la
agricultura.
Hace
falta un importante apoyo financiero. Es necesaria
una auténtica reforma de la agricultura orientada a
la profesionalización y rentabilización de la misma.
La
seguridad alimentaria no puede estar en manos
exclusivamente del libre comercio. Europa tiene que
regular mejor los mercados agrícolas. Una verdadera
regulación, que permita la rentabilidad de las
explotaciones agrarias gestionadas con
profesionalidad.
Es
necesaria una preferencia comunitaria real,
basada en criterios medioambientales, sanitarios,
con una protección arancelaria para aquellos
productos sensibles y para las indicaciones
geográficas.
Hacen
falta eficaces medios de gestión de mercados que
permitan que el agricultor obtenga un precio justo
por su trabajo, por su producto. Para ello no sólo
son necesarios los seguros contra riesgos
climáticos, se requieren seguros económicos o de
rentas.
Las
zonas desfavorecidas, necesitan de un trato
diferenciado que permita la actividad y la vida en
esos medios rurales.
Deben
ponerse en marcha contratos que garanticen una
rentabilidad, siempre que se cumplan criterios
profesionales. Tampoco se puede permitir oligopolios
de la distribución alimentaria, y la falta de
transparencia en los canales de la comercialización.
La
producción agrícola en España es necesaria. De
continuar con esta crisis, nos quedaremos sin
profesionales en el sector. Ningún sector económico
puede progresar, ni siquiera mantenerse con la
disminución constante de los precios percibidos, y
el aumento de costes que la agricultura está
padeciendo. Por ello son necesarias reglamentaciones
distintas a las actuales.
¿Qué
actividad económica se puede mantener, sin saber
aunque sea aproximadamente, a qué precio se va a
vender el producto y cuáles van a ser los costes de
producción?
En la
actual situación es injusto que la Administración
española no proteja suficientemente al agricultor y
encima le grave con cargas sociales y fiscales,
después de que sus propias normas le impiden obtener
un pago justo por su trabajo.
En las
manos de la Administración y de la sociedad en
general está el parar esta sangría que padece la
agricultura, lo que está suponiendo la paulatina
desaparición de profesionales en el campo, la
consiguiente disminución de tierras agrícolas y
productividad de las mismas. Todo ello, además, en
una situación de aumento constante de la demanda
mundial de alimentos.
La
próxima Presidencia Europea, que recaerá en nuestro
país, debe ser una oportunidad para apostar por la
agricultura. En el ámbito nacional, nuestra
agricultura merece un mayor apoyo e impulso, al
igual que ya lo están haciendo otras naciones. |
